Adrián Vázquez Lázara.
Las decisiones políticas, tomadas o evitadas, no siempre muestran efectos inmediatos. Medir el daño institucional del Gobierno de Sánchez llevará años, aunque la intuición —incluso entre votantes socialistas— ya anticipa un mal desenlace. El sanchismo pasará a la historia por dañar —esperemos que no sea de manera permanente— la reputación de nuestras instituciones y de contaminar enormemente el ecosistema político y la conversación pública como pocos gobiernos han hecho. Un estilo que incluso algunos ya replican en el otro lado del espectro y que, por desgracia, costará contener. Las consecuencias de este Gobierno las determinarán los historiadores, aunque la realidad es que muchas de ellas ya son netamente palpables.
Este comienzo de curso político nos deja el anuncio de Ryanair de suspender más de un millón de plazas en España este invierno; un total de dos millones en el 2025 (y la advertencia de que podría ampliarse a otro millón más), con pérdida de rutas estratégicas en Santiago y Vigo y una merma sensible —o desaparición directa— de la conectividad de Galicia con destinos nacionales clave como Madrid, Barcelona, Valencia, Tenerife o Lanzarote; y diversas ciudades europeas en Francia, Italia, Alemania y Reino Unido. Este es el resultado de una política de transportes únicamente orientada a dos objetivos: hacer caja e inflar el ego de un ministro que mide su éxito en retuits.
El incremento de costes aeroportuarios, sin una hoja de ruta que garantice la continuidad de trayectos y frecuencias en aeropuertos regionales, aboca a Galicia al aislamiento. El afán recaudatorio para pagar ya sabemos todos qué cosas descuadra la vida de quienes necesitan volar desde nuestros aeropuertos para estudiar, trabajar, emprender o cuidar de sus familias. Una política de tasas mal calibrada conlleva menos aviones, menos camas ocupadas en hoteles y menos contratos firmados por nuestras empresas. Y sí, menos turistas también. La historia del ministro Puente con nuestra Comunidad roza la tragicomedia: retrasos ferroviarios, deficiente gestión y alternativas insuficientes a los usuarios durante los incendios, demoras en infraestructuras clave como la AP-9 o decisiones que llegan tarde con el AVE dibujan un patrón de improvisación que nuestra tierra ya no puede permitirse.
Con el Gobierno de Sánchez, Galicia solo recibe excusas, nunca soluciones. La Comunidad no puede ser, otra vez, la perjudicada por otra batalla del Ejecutivo con “los otros”, en este caso, los operadores privados. Están tan acostumbrados a lo cosmético que piensan que con el anuncio de la semana pasada de hacer alguna renovación van a tapar el hecho de que esos aeropuertos se están quedando sin aviones. El Ministerio debe dejar los comunicados bravucones como el de AENA —que parece redactado por el propio Puente— y centrarse en aportar soluciones.
Un territorio que se aísla es un territorio que retrocede. Frente al populismo digital y los pulsos mediáticos, Galicia necesita certidumbre regulatoria. Hace falta un diálogo serio con todas las aerolíneas y un marco de incentivos eficaz —compatible con las reglas europeas— que premie la apertura de rutas y tenga en cuenta las particularidades regionales a la hora de fijar tasas. La conectividad no se tuitea: se acuerda, se programa y se cumple.
Menos ruido y más rutas. Menos golpes en el pecho y más gestión. El compromiso que se exige hoy es claro: que nuestros aeropuertos sigan siendo puertas abiertas al futuro, no infraestructuras olvidadas. La movilidad es un derecho, y protegerla es una responsabilidad que no admite excusas ni ocurrencias.
