Adrián Vázquez
La modificación del Reglamento General de Costas propuesta por el Gobierno es un ejemplo de manual de cómo vestir de obligación técnica lo que es, en realidad, una decisión política. Un ejemplo paradigmático de cómo una directiva europea puede convertirse en coartada para imponer un cambio de modelo sin debate, sin consenso y sin escuchar a quienes más tienen que perder.
La normativa europea de servicios establece una serie de principios de transparencia y no discriminación que España debe respetar. Nadie lo discute. El problema es que el Gobierno ha ido mucho más allá sin justificación técnica o económica alguna. Bruselas pide competencia justa; no pide expulsar la industria gallega del litoral. Eso lo añade Madrid por su cuenta y sin escuchar a Bruselas y Santiago.
Galicia cuenta con un litoral productivo único en Europa en el que el complejo mar-industria constituye un pilar económico y social esencial. La costa más larga y productiva de España, con más de 1.500 kilómetros de motor económico, es un polo industrial, pesquero y turístico. Detrás hay explotaciones familiares con décadas de historia, trabajadores cualificados e inversiones comprometidas en curso.
Cuando el Gobierno central amenaza con cortar de golpe la vigencia de una concesión, no está haciendo política ambiental: está destruyendo tejido productivo sin pensar en las consecuencias. Además, su arrogancia procedimental difícil de justificar: sin negociación con las comunidades autónomas costeras, sin conferencia sectorial, sin debate parlamentario. No es solo una cuestión de contenido; es una cuestión de calidad democrática.
La Unión Europea está trasladando, de manera decidida, mensajes claros a favor de quienes innovan, crean empresas y generan riqueza, porque el futuro exige competitividad y Galicia está preparada para ello. Frente a ello, el Gobierno de España no puede esgrimir normativas comunitarias para implantar inseguridad jurídica y perjudicar sectores vitales. No se puede modernizar destruyendo lo que funciona. No se puede hablar en nombre de Europa mientras se actúa contra los intereses de los europeos de Galicia.
La defensa de reglas de juego, la seguridad jurídica y el respeto a las realidades territoriales no son elementos accesorios: son condiciones básicas para el desarrollo económico. Sin ellas no hay inversión. Y sin inversión no hay futuro. Quebrar expectativas legítimas de inversores y familias mediante reglamento no es adaptar España a Europa; es instrumentalizar Europa contra los españoles.
Los gallegos merecemos una Ley de Costas que dé voz y competencias a Galicia para gestionar su litoral. Cuando se legisla sin escuchar al territorio, lo que se presenta como modernizar suele significar mucho retroceso. A la costa gallega ya le salen las cuentas; no es terreno para cálculos políticos. Galicia siempre defiende lo suyo. Y lo seguirá defendiendo: por un litoral productivo, europeo y gallego.
