Santiago, 2 de febrero de 2021.- El vicepresidente del Parlamento y diputado del Grupo Popular, Diego Calvo, aseguró esta tarde en el Congreso, en el debate de la proposición de ley sobre la transferencia de la titularidad y competencias de la AP-9 a la Comunidad gallega, que la Xunta “puede gestionar esta autopista con mayor eficacia de lo que lo está haciendo el Estado, porque conoce el territorio, está más próxima a las necesidades y a las realidades de los usuarios”.
Diego Calvo recordó que la proposición de ley es “una demanda unánime del Parlamento de Galicia, que hasta en tres ocasiones ha aprobado la tramitación de esta ley de transferencia de la AP-9”. “Los tres partidos con representación en la Cámara autonómica hacemos causa común de esta proposición de Ley, un objetivo de país, una demanda de Galicia, que trasciende y supera las diferencias ideológicas y nuestras habituales discrepancias”.
ASPIRACIÓN LEGÍTIMA
“Planteamos una aspiración legítima, una cuestión que encaja perfectamente en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía de Galicia, y que parte de una comunidad autónoma que ha ejercido su autogobierno con lealtad”, añadió. En este sentido, afirmó que “sólo aspiramos a mejorar, mediante una gestión directa, la relación entre los ciudadanos, las empresas y el territorio de Galicia con nuestra principal arteria de comunicación”.
El diputado popular lamentó que “este mes de enero, por cuarto año consecutivo, la AP-9 ha sido la autopista que más ha incrementado sus peajes en toda España”, ante lo que aseguró que “difícilmente un gobierno gallego habría autorizado una subida de peajes teniendo sobre la mesa un informe del Consejo Consultivo advirtiendo que esa subida era nula de pleno derecho”.
“Es tiempo de recordar que la Autopista del Atlántico es un patrimonio de los gallegos y no la propiedad privada de una sociedad concesionaria que hace valer de forma impecable no sólo sus derechos, sino también sus intereses”, manifestó. Esta situación, anotó, “ha impedido que, tres años después de comprometerse, el peaje de Redondela siga sin liberarse, que el pasado 1 de enero se aplicase una nueva subida extraordinaria y que se frenaran las bonificaciones comprometidas”.
Por último, Diego Calvo incidió que “nada en esta autopista hace que tenga consideración estatal, pues discurre por nuestra comunidad, no da acceso a ningún territorio fronterizo y no comunica con ningún puerto ni aeropuerto de titularidad nacional”. Sin embargo, señaló que “es precisamente su titularidad estatal la que dificulta la ejecución de obras muy necesarias para Galicia que, debido a la afectación de esta vía y a la nula respuesta por parte del Gobierno central a las solicitudes de permisos y autorizaciones remitidos por la Xunta, se ven dilatados en el tiempo con el consiguiente perjuicio para los gallegos”.
GESTIÓN MÁS JUSTA Y SENSIBLE CON EL TERRITORIO
Por su parte, el diputado PP en el Congreso Celso Delgado defendió el voto afirmativo del Grupo Popular a esta proposición de ley porque “viene apoyada por la unanimidad del Parlamento gallego, y tiene pleno amparo en la Constitución y el Estatuto de Autonomía”.
En su intervención en el Pleno del Congreso, recordó “la titularidad autonómica da AP-9 permitiría al Gobierno gallego disponer de una herramienta que permita una gestión de la autopista más justa y más sensible con el territorio que vertebra y la población a la que da servicio”.
Delgado dijo que “en el contexto actual, esta proposición de Ley Orgánica es más oportuna que nunca, pues la concesionaria AUDASA mantiene unos peajes desorbitados, que limitan el acceso a esta vía a las personas con menos recursos, lastran las economías familiares y la competitividad de los sectores económicos gallegos.
El diputado popular demandó agilidad al Gobierno central para que “haga efectivo de inmediato la gratuidad del tramo Vigo-Redondela, suprima ya la abusiva tasa anual acumulativa del 1 por ciento de los peajes desde 2018 y durante 20 años, e implante con urgencia las bonificaciones de peajes para los usuarios, para lo que hay 50 millones de euros consignados en los presupuestos del Estado para 2021”.
