La portavoz del GPP en el Congreso, Ana Vázquez, explica que esta iniciativa del GPP para proceder a la compensación a los ayuntamientos en donde se ubican los centros penitenciarios dependientes del Ministerio del Interior, “no surge los diputados nacionales gallegos, sino de los alcaldes de Curtis, Outeiro de Rei, A Lama, Monterroso y O Pereiro de Aguiar, que representan a 63 alcaldes”.
Denuncia que los ayuntamientos que no pueden recaudar el IBI de los centros penitenciarios están obligados, sin compensación alguna, a suministrarles servicios esenciales como el agua potable o la recogida de basuras, así como a mantener en buen estado la red viaria que conduce a estos centros o a los juzgados de paz. Además, aclara que la población reclusa no figura en el padrón municipal, por lo que no computa a efectos de financiación, pese al evidente impacto económico que supone para los consistorios.
“Cuando Cataluña asumió la competencia de prisiones en 2015, el Gobierno aprobó el Real Decreto 31/2015, que estableció dos tipos de compensación para los ayuntamientos con centros penitenciarios”, explica. “Por un lado, no se les eximió del cobro del IBI, que siguen recibiendo con normalidad, y, por otro, se les reconoció una compensación adicional por cada recluso, en reconocimiento al coste añadido que asumen estos municipios”, señala.
En Galicia, con mucho esfuerzo por parte de los ciudadanos gallegos, la Xunta de Galicia empezó también ya a compensar a estos ayuntamientos por un centro penitenciario que no es competencia autonómica, pero que ve que, efectivamente, estos municipios están prestando una serie de servicios de carácter gratuito para una población ingente y que necesitan recursos.
Recuerda que, el Real Decreto Legislativo 2004 recoge la Ley Reguladora de Haciendas Locales y establece el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), sin embargo, “no todos los inmuebles están sujetos a dicho tributo, ya que hay excepciones”.
Entre ellos están los que son propiedad del Estado, de las CCAA, EELL y los directamente afectados a la defensa nacional, seguridad ciudadana y los servicios educativos y “ahí se encuentran los centros penitenciarios”. “Esto supone una merma importante en las arcas de los municipios porque, además, todos estos centros están situados en el ámbito rural”, agrega.
Por ello, piden medidas complementarias y compensatorias por parte del Estado, que así lo contempla en los PGE, para que la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local pueda dictar resoluciones y favorecer estos procedimientos de compensación a solicitud de los interesados.
