Adrián Vázquez Lázara.

Para desgracia del Gobierno central, una mentira repetida mil veces no se convierte en verdad. La subida de la tasa de basuras, que comienza a aplicarse ahora en toda España, no responde a una exigencia comunitaria —como quiere hacernos creer el Ejecutivo—, sino a una decisión política de Pedro Sánchez y de su entonces ministra Teresa Ribera.

La Directiva Europea de Residuos no obliga a subir las tasas de basura. Sólo establece objetivos para reducir residuos, aumentar reciclaje y fomentar la economía circular, con más responsabilidad para los productores. Imponer a los ayuntamientos una subida generalizada de la tasa de basuras es una interpretación que Sánchez se ha sacado de la chistera.

El nuevo canon es una medida meramente recaudatoria que, lejos de contribuir a la reducción de residuos o al cuidado del medio ambiente, sólo tiene un objetivo: complicar la vida a los alcaldes, la mayoría del Partido Popular, que tendrán que subir los impuestos municipales por gracia divina del Gobierno de España.

Para Sánchez: ante cada problema, un impuesto. Porque para él nunca hay presión: la traslada siempre a los ciudadanos. Que lo paguen ellos, si total a mí no me queda tanto.

Al Gobierno se le olvida que los españoles, aparte de obligaciones, también tenemos derechos. El derecho a exigir transparencia sobre lo que pagamos y para qué lo hacemos. El derecho a percibir mejoras reales en los servicios que financiamos. Cada euro cobrado debe corresponderse con un servicio prestado y verificable: una recogida más eficiente, un reciclaje más avanzado, infraestructuras mejoradas. Eficiencia y responsabilidad deben ir de la mano.

El principio de “quien contamina paga” necesita ir acompañado del de “quien gestiona, responde”. No puede seguir cundiendo la sensación de que cada vez pagamos más para terminar recibiendo menos.

Un futuro más verde y limpio sólo puede construirse con más incentivos para generar economías más sostenibles y competitivas, acompañadas de sociedades más responsables y basadas en la confianza en los ciudadanos. El camino no puede ser más tasas, más trabas, menos libertad y más tiros en el pie de los vecinos. No se puede seguir castigando a los hogares ni a las empresas aceptando que se puede tratar igual a quien recicla y a quien no lo hace.

Todos sabemos bien que Sánchez no miente, simplemente “cambia de opinión”. Ojalá, por una vez, uno de esos giros sirva para dejar de exprimir a la clase media, permitir respirar a los autónomos exhaustos y no condenar siempre a los mismos, mientras —qué casualidad— solo se perciben beneficios en los que le sostienen a él y a un entorno que, si no pagaba alquiler ni luz por vivir en Moncloa, no creo que tampoco pague la subida de las tasas de basuras.