Categoría: Cortes Generales

O PPdeG pediu esta semana á Comisión de Transición Ecolóxica do Senado que inste ao Goberno de Sánchez a realizar o traspaso inmediato á Xunta de Galicia dos medios materiais e humanos, incluídos os expedientes, para xestionar o seu litoral e, deste xeito, estar en disposición de poder outorgar as concesións administrativas necesarias para dar seguridade xurídica ás actividades que se poidan realizar na costa.

Fíxoo a través dunha moción asinada polos 14 populares galegos presentes na Cámara Alta, na que deixan claro que a Lei de ordenación e xestión integrada do litoral de Galicia xa está en vigor e, polo tanto, a Xunta de Galicia debe exercer as competencias nela contempladas.

O PPdeG, na iniciativa liderada polo senador Manolo Ruiz, lembra que a norma autonómica naceu “co obxectivo de impulsar unha xestión que integre as actividades humanas no litoral e co fin de garantir un aproveitamento sostible dos seus recursos e o bo estado dos ecosistemas costeiros desde unha tripla perspectiva: ambiental, social e económica; algo que non estaba facendo o Estado”.

Así mesmo, sinalan que o 23 de abril cumprirase un ano desde que o Tribunal Constitucional avalou a lei, despois de rexeitar o recurso de inconstitucionalidade que interpuxera o Goberno de Sánchez co único fin de poñer impedimentos á súa tramitación, polo que inciden en que o traspaso dos medios materiais e humanos se faga antes desa data.

“PLENAS COMPETENCIAS” DE GALICIA

Neste sentido, explican, están ratificadas as “plenas competencias” de Galicia para

xestionar o litoral sen necesidade de reformar o Estatuto de Autonomía, tal e como

tamén ditaminara, no seu día, o Consello Consultivo de Galicia.

Os populares galegos denuncian que o Goberno central “quixo tratar de forma diferente” á nosa Comunidade respecto a outras como o País Vasco, á que simultaneamente lle estaba transferindo esas competencias, pero o Tribunal Constitucional quitoulle a razón.

De aí que conclúan amosando o seu convencemento de que “agora o Estado, lonxe de cumprir e sen atender ao que dixo a Xustiza, o que está facendo é atrasar a transferencia dos medios materiais e humanos, entorpecendo o exercicio das nosas competencias dunha forma arbitraria e poñendo en perigo a actividade”.

“A transferencia ten que levarse a cabo antes do próximo 23 de abril. Galicia non só é a comunidade autónoma con máis quilómetros de costa, senón a máis necesitada dunha conservación ambiental axeitada e da supervivencia da actividade no litoral, tan relevante”, engade Manolo Ruiz.

Las senadoras gallegas del Grupo Parlamentario Popular Nidia Arévalo y Pepa Pardo reclaman al Gobierno de Sánchez transferir la titularidad de la AP-9 a Galicia y la gratuidad del peaje. “Ustedes otorgan la gratuidad de los peajes en otros lugares de España, como la AP-7, pero a Galicia nada”, denuncian las senadoras populares, al tiempo que critican el voto en contra del PSOE.

Durante el debate de la moción consecuencia de interpelación del Grupo Popular en el Pleno de la Cámara Alta, la senadora por Pontevedra, Nidia Arévalo, se dirige a los grupos parlamentarios de la Cámara para pedir su apoyo a la iniciativa, “tanto por sentido común como por interés general”, dice aludiendo a las palabras del ministro de Transportes, Óscar Puente.

Además, la senadora del PP resalta que la AP-9 “tiene una intensidad media diaria de más de 25.000 vehículos en todo su recorrido y más de 40.000 en el tramo Vigo-Pontevedra”, tras lo que denuncia que “es una de las autopistas con el peaje más caro de España, 23,85 euros en sólo un trayecto”.

En cuanto al interés general que supone la AP-9, Nidia Arévalo pone de relieve “los casi 3 millones de habitantes de Galicia que claman por su reversión; los transportistas que solicitan por unanimidad la transferencia; la solicitud realizada por el Parlamento de Galicia por unanimidad; y las negociaciones de la Xunta para gestionar dicha transferencia”.

Durante su intervención, la dirigente popular también critica el trazado de la A-52, ya que “agrede tanto al territorio como a la población del área metropolitana de Vigo”.

Por ello, Arévalo reclama al Gobierno “diálogo con los municipios afectados, liberalizar el tramo O Porriño-Vigo de la AP-9 y alternativas al trazado propuesto por el grave impacto en la parroquia viguesa de Bembrive y en el ayuntamiento de Mos”.

EL GOBIERNO DISCRIMINA A GALICIA

En el turno de portavoces, la senadora del PP por A Coruña, Pepa Pardo, reprocha al PSOE y al BNG que no defiendan los intereses de Galicia y consientan que se la discrimine. “¿Por qué a otros sí y a Galicia no?”, pregunta a la bancada socialista.

En este sentido, Pepa Pardo recuerda el compromiso adquirido por Besteiro hace más de un año, entonces candidato socialista a la Xunta, cuando se comprometió a la gratuidad de la AP-9. “Dejó de ser candidato y ni transferencia ni gratuidad”, reprende al PSOE.

Además, también se refiere al acuerdo de investidura de Sánchez firmado por la dirigente del BNG, Ana Pontón, y la socialista Adriana Lastra, según el cual se comprometían ‘a aprobar en el Congreso de los Diputados la Proposición de Ley del Parlamento de Galicia de transferencia de la AP-9 a lo largo de 2020’.

“Sí, sí, han oído bien, a lo largo del año 2020, pero estamos en 2025, 5 años después, y la transferencia de la autopista no está”, reprende Pardo a los senadores del PSOE y del BNG, al tiempo que afirma que “los acuerdos de investidura no han tenido ninguna eficacia, ni gratuidad ni transferencia”.

A renglón seguido, Pepa Pardo remarca el posterior acuerdo firmado entre Pontón y el PSOE en 2023, también sin validez. “Iniciamos el 2024 con una subida del 6,55% en el peaje de la única vía de alta capacidad vertebradora de toda Galicia”, dice.

Por último, la senadora del PP asegura que el único resultado de los acuerdos entre Pontón y el PSOE ha sido convertir la AP-9 “en la autopista más cara de toda España”.

Os deputados do PPdeG no Congreso denuncian o “agravio comparativo” que supón o feito de que a Cámara Baixa admita a trámite todas as iniciativas que rexistran os socios de Pedro Sánchez mentres, ao mesmo tempo, siga bloqueando o debate sobre a transferencia da AP-9 a Galicia.

Fano logo de que hoxe mesmo a Mesa do Congreso dos Deputados, dominada polo PSOE e Sumar, acordase a 36ª prórroga no prazo de presentación de emendas á proposición de lei orgánica relativa a esta cuestión desde que Pedro Sánchez asumise a Presidencia do Goberno de España.

“É absolutamente inexplicable e inxustificable que non se faga caso a esta demanda aprobada pola unanimidade do Parlamento de Galicia e siga bloqueándose a súa tramitación parlamentaria”, denuncia o deputado galego e vicepresidente segundo da Comisión de Transportes e Mobilidade Sostible do Congreso, Celso Delgado.

O parlamentario popular pon o foco en que, mentres o Goberno de Sánchez segue afondando na súa aldraxe a Galicia, o Congreso si debate iniciativas a petición do resto de grupos e especialmente aquelas relativas derivadas dos partidos separatistas e do resto de socios de Pedro Sánchez.

“Non nos explicamos como o BNG pode seguir apoiando ao Goberno de Sánchez e subscribindo moitas destas iniciativas cando é a costa de seguir maltratando a Galicia”, lamentan desde o PPdeG.

La Comisión de Pesca del Senado da luz verde a las tres mociones del Grupo Parlamentario Popular, defendidas por el portavoz en dicha Comisión y senador gallego, Manolo Ruiz.

La primera moción, aprobada a pesar del voto en contra del PSOE, insta al Gobierno a que defienda ante la Comisión Europea la exclusión total del atún del Acuerdo de Libre Comercio con Tailandia y, por tanto, del proceso de liberalización arancelaria. Adquiriendo el Gobierno de España un compromiso firme y activo con esta posición, liderando la misma en Europa como una línea roja que no se puede traspasar.

También pide el establecimiento de normas sólidas y equitativas que garanticen la igualdad de condiciones entre Tailandia y la Unión Europea que evite la competencia desleal en todos los productos pesqueros.

La segunda iniciativa, aprobada por unanimidad, pide implementar medidas para que en los comedores de los colegios no se aparten de las recomendaciones de la Agencia Española de la Seguridad Alimentaria y Nutrición y se implique, activamente, en las campañas que incentiven el consumo de pescado con especial incidencia en la población juvenil e infantil.

La tercera propuesta del PP, aprobada por amplia mayoría, a pesar de la abstención del PSOE, exige al Gobierno las medidas necesarias para que se pueda activar un mecanismo de segundo Registro para la flota pesquera de bandera española que opera fuera de las aguas del caladero nacional, para frenar la pérdida de unidades, retener tripulantes y mejorar su competitividad afianzando las expectativas de futuro del sector pesquero español y la soberanía alimentaria que representa.

La portavoz de Justicia del Grupo Popular en el Senado, la gallega Pepa Pardo, vuelve a exigir la dimisión del Fiscal General del Estado por considerarle una “auténtica anormalidad democrática: “Por higiene democrática y respeto a la institución que representa, váyase”.

Durante la comparecencia del Fiscal General en la Comisión de Justicia del Senado, Pepa Pardo le acusa de “seguir aferrado a su cargo, dinamitando la Fiscalía y el Estado de derecho”, a pesar de que “cada semana, cada día, cada hora le sacude un nuevo escándalo”.

“¿Por qué no dimite? ¿Quién le ha dado la orden de aferrarse al cargo? ¿El número Uno? ¿A quién quiere proteger? ¿Es democrático que quien debe perseguir delitos esté imputado o que el tribunal aprecie una ‘dinámica delictiva’?”, interroga la senadora pontevedresa a Álvaro García Ortiz.

Afirma que el Fiscal General “está al servicio de Pedro Sánchez, es el protector del número Uno”, al tiempo que le dice que “cada vez está más acorralado y más aferrado a su cargo”.

Además, Pepa Pardo acusa al Fiscal de actuar “al más puro estilo de un vulgar delincuente por borrar las pruebas de un presunto delito”, en referencia al borrado de los mensajes de su móvil y los correos de su cuenta privada de Gmail.

“Usted no puede seguir ni un minuto más en su cargo porque es un verdadero esperpento que un FGE borre las pruebas de un presunto delito”, le dice, tras lo que le recuerda “el frenesí telefónico que vivió antes de la filtración de los datos privados de un ciudadano particular, prueba de que existía una operación contra una rival política”.

COMPORTAMIENTO PROPIO DE DELINCUENTES

La portavoz de Justicia del GPP también se refiere a su declaración ante el magistrado del Tribunal Supremo el pasado 29 de enero y critica que se negará a responder a las preguntas del magistrado instructor. “Un comportamiento propio de delincuentes e impropio de quien ostenta su cargo”, reprende a García Ortiz.

“Eso lo puede hacer usted, Álvaro García Ortiz, pero no el Fiscal General del Estado porque entre sus funciones está velar por la independencia judicial, aunque parece que lo ha olvidado”, apostilla.

Por otra parte, Pepa Pardo utiliza calificativos como “vergüenza, obscenidad, incidencia e inmoralidad” al describir la actuación del Fiscal General al frente de la Institución: “Primer FGE considerado inidóneo por el CGPJ, acusado de desviación de poder por el Tribunal Supremo por su política de nombramientos y promover a Dolores Delgado a la máxima categoría de la carrera fiscal”.

Así mismo, recrimina a García Ortiz por “no reconocer la legitimidad del magistrado del Tribunal Supremo; callar antes las acusaciones de lawfare a sus compañeros; por erigirse en abogado defensor de Pedro Sánchez en lugar de los intereses generales; por dictar circulares en contra del criterio de la mayoría de los fiscales por su servilismo al Gobierno sanchista; y por impulsar una circular apoyando la ley del sólo sí es sí en contra del criterio mayoritario de los fiscales”.

La senadora del PP también le reprocha no haber hecho nada por “esclarecer los más de 300 asesinatos sin resolver de ETA”, así como pedir el archivo de la investigación por el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco y dar “carpetazo” a la investigación contra Otegui.

“Usted representa la historia negra de la Fiscalía y su gestión se resume en dos palabras: servilismo e imputación”, subraya Pepa Pardo, tras lo que concluye su intervención reiterando que “por higiene democrática y respeto a la institución que representa, váyase señor García Ortiz”.

Os deputados do PPdeG no Congreso denuncian que as prórrogas á tramitación da proposición de lei para a transferencia da AP-9 alcanzan xa as 20 só no que vai desta lexislatura e ascenden ata as 35 desde a chegada de Pedro Sánchez á Presidencia do Goberno de España.

Fano logo de que hoxe mesmo a Mesa do Congreso dos Deputados, dominada polo PSOE e Sumar, acordase a 20ª prórroga no prazo de presentación de emendas a esta proposta a pesar de que no seu día se acordou que se tramitaría polo procedemento de urxencia.

“Unha vez máis acredítase o boicot do Goberno de Sánchez, coa conivencia do PSOE galego, impedindo que unha iniciativa avalada pola unanimidade do Parlamento de Galicia poida pasar a Comisión para ser debatida na ponencia”, sostén o deputado galego e vicepresidente segundo da Comisión de Transportes e Mobilidade Sostible do Congreso, Celso Delgado. Ademais, engade non entender “como o BNG apoia constantemente a este Goberno”.

Denuncia tamén que, mentres isto ocorre nesta e noutras cuestión de vital importancia para Galicia, outras comunidades autónomas, en cambio, están a recibir un trato diferenciado e moito máis beneficioso por parte do Goberno de España.

Pon o exemplo de que hai poucos días o Goberno acordou prorrogar un ano máis a gratuidade da AP-7 en Alicante e traballa para levantar definitivamente a peaxe de dita autopista. En cambio, nunha situación análoga, négase a liberar de peaxe o tramo Vigo-O Porriño da AP-9.

La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular, Nidia Arévalo, acusa al ministro de Transportes, Óscar Puente, de volver a aplicar el principio de “desigualdad territorial y castigar a Galicia con la aberración del proyecto de la A-52 y el secuestro de la AP-9”.

La senadora por Pontevedra y alcaldesa de Mos se dirige así al ministro Puente en la sesión de control al Gobierno, durante una interpelación en la que exige al responsable de Transportes que explique “cuáles son los criterios que utiliza el Ministerio para decidir qué autopistas rescata y qué peajes liberaliza”.

Sobre el “aberrante” proyecto de la A-52 anunciado por Puente, la senadora Nidia Arévalo llama la atención acerca de las “afectaciones brutales para la parroquia de Bembrive y los ayuntamientos del área metropolitana de Vigo”, contra el que se han presentado más de 30.000 alegaciones.

La portavoz adjunta del PP reclama al ministro que explique por qué descartó el proyecto inicial de la A-52, aprobado por el Gobierno de Rajoy, con Ana Pastor como ministra de Fomento, y ahora propone este trazado “completamente agresivo y perjudicial, que no es más que un capricho del alcalde socialista de Vigo”.

Destaca el rechazo ciudadano al proyecto del ministro Puente, “en el que más de 10.000 personas se quedarían sin agua, afectaría a cerca de 400 viviendas, destruiría terrenos urbanizables, comerciales e industriales y se llevaría por delante un buen número de puestos de trabajo”. Por ello, incide en el apoyo del PP a las reivindicaciones en contra de la A-52 desde los ayuntamientos, y la Diputación de Pontevedra, que el Gobierno ignora.

“Hoy tiene la oportunidad de dar la cara frente a los vecinos de Mos y Vigo – presentes en la tribuna de público del Hemiciclo- y pedir perdón por las faltas de respeto vertidas por el subdelegado del Gobierno en Pontevedra, contra los afectados por esta nueva autovía”, señala la dirigente popular.

AGRAVIO COMPARATIVO Y SECUESTRO DEL PSOE DE LA AP-9

En este punto, la senadora del PP y alcaldesa de Mos reclama la liberalización de la AP-9, porque “no hay ninguna autovía gratuita alternativa; porque es la única solución que cumple con el aprovechamiento de la infraestructura existente; y porque no cuesta, ni de lejos, los 400 millones, sin incluir el precio de las expropiaciones que nos va a costar la nueva autovía A-52 a todos los españoles”.

Nidia Arévalo pone el foco en el agravio comparativo para Galicia que supone la liberalización de otras autopistas de peaje en el resto de España, desde que gobierna Sánchez y señala como “especialmente llamativo” el caso de la supresión de todos los peajes en Cataluña.

“El criterio utilizado en los últimos seis años no es estratégico como vende desde su Ministerio, su criterio es arbitrario”, y tacha al ministro Puente de “partidista, que atiende a intereses partidistas y beneficia solamente a unos cuantos territorios, como pago para que les mantengan en el poder”.

“Una vez más se pone de manifiesto la discriminación que sufre Galicia”, incide la senadora gallega, quien recuerda que los gobiernos socialistas lo que sí han hecho es aprobar subidas de los peajes de la AP-9. Las primeras con Zapatero – 1% adicional durante 20 años-, que comenzaron a aplicarse con Sánchez y José Luis Ábalos como ministro.

“El Gobierno anuncia bonificaciones trampa, con una reserva de 3.800 millones de euros que pagará el Ministerio a la concesionaria, y esconde la realidad: que el coste de la AP-9 ha subido un 26% en los últimos cinco años”, exclama Nidia Arévalo.

Antes de concluir, la dirigente popular exige a Puente la liberalización del tramo Vigo-Pontevedra, aunque advierte que “para que esto suceda depende la voluntad política de su jefe, que se rinde a sus socios; de su propia voluntad; y de la de un señor que vive en Vigo, debajo de millones de luces led y no ve nada”. Por ello, Nidia Arévalo se muestra pesimista porque el ministro ya ha reconocido que lo “ve muy difícil e inviable”.

El portavoz adjunto del Grupo Popular, José Manuel Barreiro, lamenta que el Gobierno central “no se haya comprometido con la financiación de Altri”, tras escuchar lo dicho por el ministro de Industria, Jordi Hereu, hoy en el Pleno del Senado.

Barreiro se pronuncia así en su pregunta al ministro de Industria y Turismo sobre la posición del Gobierno de Sánchez con respecto a la instalación de la planta en Palas de Rei.

“¿Cuál es la postura del Gobierno en este asunto?”, se dirige al ministro, quien ha dicho que ‘coincide plenamente con la posición del PSOE en Galicia’. “Y la posición del líder del Partido Socialista en Galicia, manifestada el 16 de diciembre del año pasado, dice literalmente que ha trasladado su convicción de que el proyecto de Altri no contará con financiación del Gobierno del Estado”, recalca Barreiro.

Igualmente, el dirigente popular recuerda que, en agosto de 2024, la vicepresidenta Yolanda Díaz, decía literalmente: ‘mi compromiso como vicepresidenta del Gobierno es luchar contra la ubicación y desarrollo de este proyecto’.

“¿Va a tramitar la autorización a Bruselas para poder dar una financiación singular a este proyecto, sí o no?”, vuelve a preguntar.

Barreiro a Hereu, tras lo que demanda al ministro que “explique por qué se le piden más exigencias más a este proyecto que a otros?”.

“Se le pide más porque está en Galicia y en Galicia el Partido Socialista está donde está”, apostilla Barreiro, quien se muestra convencido de que “va a continuar ahí – en la oposición- mucho tiempo”.

En su intervención, el senador del PP por Lugo señala que “el principio de seguridad jurídica constituye uno de los pilares fundamentales del Estado de derecho”, tras lo que asegura que eso se traduce en que, a la hora de analizar determinados proyectos, para dar esa seguridad jurídica, “deben de ser los criterios técnicos y también los técnicos como responsables de aplicar la norma los que determinen o no su viabilidad”.

“En el caso que nos ocupa, en el caso del proyecto de Altri y su ubicación en Palas de Rei, en la provincia de Lugo, no está ocurriendo por parte de determinadas fuerzas políticas, entre ellas la que ampara al Gobierno al que usted pertenece”, se dirige Barreiro al ministro.

Os deputados do Partido Popular de Galicia no Congreso lamentan que o Goberno de Sánchez, formado por membros do PSOE e Sumar e apoiado polo BNG, volveran consumar unha “aldraxe inaceptable” a Galicia cun novo bloqueo ao debate de transferencia da titularidade da AP-9.

Fano logo de que hoxe mesmo a Mesa do Congreso dos Deputados –dominada polos socialistas e os seus socios– acordase o 19ª prórroga no prazo de presentación de emendas á proposición de lei relativa a esta cuestión e cuxa toma en consideración polo procedemento de urxencia foi aprobado no mes de xuño do ano pasado. Un novo bloqueo que fai que os adiamentos na tramitación desta iniciativa ascenden aos 34 desde a chegada de Sánchez á Moncloa.

“A Mesa do Congreso, seguindo instrucións de Pedro Sánchez, non ten inconvinte en desoír unha vez máis a proposta unánime do Parlamento de Galicia de que esta transferencia se tramite na comisión correspondente e que poida traballarse na elaboración do ditame”, expresa o deputado galego e vicepresidente segundo da Comisión de Transportes e Mobilidade Sostible do Congreso, Celso Delgado.

Delgado considera este “boicot”, que “conta co beneplácito do PSOE galego un novo “desprezo inaceptable” á comunidade autónoma e a todos os galegos e galegas, e di non entender como o BNG apoia constantemente a este Goberno.