Categoría: Cortes Generales

La senadora por Pontevedra, Pepa Pardo, pregunta a Marlaska si considera que “la imagen de violencia y barrikadas que ha dejado 22 policías heridos” demuestra “un compromiso social con la paz en el mundo”. “Es la imagen de la violencia más sucia alentada por el Gobierno para tapar su corrupción”, ha asegurado.

Afirma que el Ejecutivo no quiere que se hable del contrato de Servinabar, de la “imputadísima” mujer del presidente, o del “hermanísimo procesado escondido en la Moncloa”.

“Su prioridad no es proteger a nuestras FCSE. Si lo fuese, no habría 22 agentes heridos. Es indigno de ocupar el escaño azul en el que se sienta hoy”, ha remarcado.

“Su prioridad no fue garantizar la integridad de los deportistas en la Vuelta, su prioridad fue boicotearla. Permitieron que todo el mundo viese cómo se perseguía a deportistas por el mero hecho de ser israelíes. Ustedes son odiadores profesionales. Solo saben confrontar y polarizar”, ha incidido.

Insiste en que la intención del Ejecutivo es mantener a Sánchez en el poder, tapar la corrupción y “blanquear a los violentos propalestinos de los que hoy sabemos que estaban vinculados a Hamas”.

Denuncia que al Gobierno no le importa la situación de Gaza, sino hacer propaganda con ella. “¿Tienen algo que decir de las mujeres judías secuestradas, violadas y torturadas por Hamas o de los niños utilizados como escudos humanos por los mismos terroristas que felicitan al presidente del Gobierno el mismo día que asesinan a un español?”

Para la senadora popular Marlaska no puede seguir ni un minuto más en el Ministerio “por su silencio cobarde ante los ataques de la fontanería del PSOE contra UCO, frente a los bulos contra el teniente coronel Balas y por sus ceses sectarios y arbitrarios”.

Acusa al ministro de haber troceado España “por siete míseros votos, abandonar a su suerte a las FCSE como hizo este domingo y en Barbate, y “pisotear” el estado de Derecho y la separación de poderes.

“Sr Marlaska ¿hay jueces que hacen política?, ¿en qué se ha convertido? Haga caso a la Policía y váyase. No se olvide de llevarse consigo al indigno delegado del Gobierno en Madrid”, ha concluido.

La senadora del Grupo Parlamentario Popular por Ourense, Rosa María Sánchez Gándara, denuncia el modelo “centralista y urbanita” de la alta velocidad del Gobierno de Pedro Sánchez, que “condena y discrimina” a la provincia de Ourense.

Así de contundente se muestra la senadora popular en una pregunta oral al ministro de Transportes, Óscar Puente, en la sesión de control al Gobierno que se celebra en la Cámara Alta.

“Hace menos de dos semanas defendió un modelo de alta velocidad diseñado exclusivamente para grandes núcleos de población, manifestando que no es un modelo de vertebración territorial, ni un servicio público. Ver para creer, señor ministro”, critica la senadora gallega.

Sánchez Gándara considera que la supresión de 16 trenes a la semana en A Gudiña supone “la exclusión de los núcleos de población rural de las frecuencias y líneas de alta velocidad y constituye una vulneración del principio de igualdad territorial”.

“Impide el desarrollo de varias comarcas, condena la movilidad de miles de ciudadanos y deja a los usuarios sin opción de conciliación laboral, formativa y, lo que es más grave, sanitaria, en especial para tratamientos oncológicos”, afirma con dureza la senadora popular.

Recalca que “son miles de usuarios” a los que afecta la decisión de Puente de suprimir la parada en la estación ourensana porque la línea se nutre de viajeros de otras comarcas como Monterrei, Viana, Valdeorras, Trives, A Limia e, incluso, el norte de Portugal.

La senadora del PP hace hincapié en que “esta es una cuestión de equidad territorial, movilidad y fijación de la población”, y afea al ministro que justifique la decisión en “la eficacia a de los tiempos a Vigo y A Coruña. De lo que está preocupada la gente es de la impuntualidad continuada y su ineficaz gestión del tráfico ferroviario”.

ABANDONO DE OURENSE E INCOHERENCIA DE SÁNCHEZ

Destaca la incoherencia de Sánchez que en 2021 aseguró que la línea de alta velocidad de Ourense formaba parte del compromiso de su Gobierno ‘con el reto demográfico y la ruptura del aislamiento’ y usted dice que “no es para vertebrar España”.

Recuerda al ministro Puente que los Fondos europeos que financiaron la línea Madrid-Galicia tenían como finalidad reducir la disparidad económica entre territorios. “Ahora usted dice que el AVE no está para vertebrar España. ¿Acaso se utilizaron esos fondos con un objetivo distinto del solicitado?”, pregunta al ministro.

Antes de concluir, Rosa María Sánchez Gándara pide al ministro de Transportes que “rectifique y no condene al ostracismo ferroviario abandonando a su suerte a gran parte de la provincia de Ourense”.

“Los ourensanos no son ciudadanos de segunda ni perdedores, pagan sus impuestos y no pueden permitir que se justifique este perjuicio irreparable sin ningún tipo de soluciones alternativas”, reclama la senadora del PP al ministro.

La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular, Nidia Arévalo, acusa al Gobierno de “atentar contra la dignidad de las mujeres” y exige a la ministra de Igualdad que “deje de utilizar el feminismo como escudo político para tapar la inmoralidad de su partido, para tapar su corrupción”.

“Deje de lavarle la cara a su Gobierno y deje de fingir que son feministas. Sus políticas son sólo un feminwashing, un lavado violeta que utiliza sin un compromiso real con la igualdad”, advierte la senadora del PP por Pontevedra a la ministra Ana Redondo.

La también viceportavoz de Igualdad del GPP se dirige así a la ministra durante la sesión de control al Gobierno, a la que exige una valoración del “ocultamiento” de los casos de conductas sexuales inadecuadas de miembros del PSOE y de los socios del Ejecutivo.

“Mientras usted proclama tolerancia cero contra la violencia machista, el PSOE y sus socios acumulan una lista deleznable de escándalos que abarcan casi todos los delitos contra la dignidad de las mujeres recogidos en el Código Penal”, afirma la senadora por Pontevedra.

La dirigente popular cuestiona la “credibilidad feminista” del Gobierno de Sánchez y de la ministra de Igualdad porque “pretenden llevar adelante una Ley contra la trata, cuando Sánchez se lucró, junto a su familia, de la explotación sexual”.

Añade que “pretende” abolir la prostitución, “cuando en el Gobierno se utilizaba dinero público para consumir mujeres prostituidas” y “pretende luchar” contra la violencia de género, cuando el que fuera mano derecha de Sánchez era un presunto maltratador “y lo taparon”.

ESCÁNDALOS QUE SON “SÓLO LA PUNTA DEL ICEBERG”

La dirigente popular califica de vergonzoso que el Ministerio reaccionase sólo cuando los escándalos se hicieron públicos. Enumera algunos de esos casos “presuntos” que el Gobierno tapó: “Juan Carlos Salazar, Juan Carlos Monedero e Íñigo Errejón, por acoso y agresión sexual; José Luis Ábalos, por violencia de género; Koldo García, Juan Bernardo Fuentes y Santos Cerdán, por trata con mujeres.

Nidia Arévalo se muestra convencida de que “son sólo la punta del iceberg” y apunta a la ministra de Igualdad por “su silencio, inacción y complicidad”, y lo califica como “un insulto a las mujeres que han sufrido violencia, abuso y humillación”.

Antes de concluir, la portavoz adjunta del PP en la Cámara Alta condena “todos los actos violentos, alentados por su Gobierno, que se han producido en la celebración de La Vuelta ciclista a España” y recuerda que una de las etapas que no pudo concluirse fue, precisamente, en Mos, el municipio del que es alcaldesa.

“La violencia solo engendra violencia, por ello, desde el Grupo Parlamentario Popular: condenamos todo tipo de violencia, venga desde donde venga”, concluye la portavoz adjunta del GPP.

Os representantes do Partido Popular de Galicia no Congreso e no Senado impulsan unha “ofensiva parlamentaria” dirixida ao Goberno de España en ambas cámaras e coa que pretenden que “dunha vez por todas” as sete cidades galegas conten cun xulgado específico de violencia de xénero.

A través dunha batería de preguntas e mocións que serán debatidas no próximo período de sesións, os populares galegos demandan ao Executivo a creación de seccións especializadas de violencia sobre a muller nas cidades de Pontevedra, Lugo e Ferrol; así como que as de Vigo e A Coruña non se poñan en marcha a costa da transformación dos xulgados de instrución existentes.

“A violencia sobre a muller é unha das grandes lacras da nosa sociedade na medida en que afecta tanto á dignidade das mulleres como á igualdade real entre homes e mulleres. De aí que sexa necesario poñer todos os medios posibles ao alcance das administracións para combatela de maneira eficaz e eficiente”, xustifica a senadora galega e portavoz de Xustiza do Grupo Popular no Senado, Pepa Pardo —no Congreso, a iniciativa está encabezada por Pedro Puy—.

Os populares explican que as recentes decisións do Goberno de Pedro Sánchez –a través do Real Decreto para a dotación de novas prazas en seccións de violencia sobre a muller e da Lei de medidas en materia de eficiencia do Servizo Público de Xustiza– van precisamente “no sentido contrario” na medida en que non atenden a demanda de incrementar as prazas en Galicia e, pola contra, incrementarán a carga de traballo das xa existentes.

“Non se contempla a creación das prometidas seccións de violencia sobre a muller nas cidades de Pontevedra, Lugo e Ferrol –o que faría que as sete grandes cidades galegas contasen cada unha delas cunha sección exclusiva–, suprímense dúas prazas de instrución en Vigo e A Coruña e, no caso de Santiago de Compostela e Ourense, amplíase a xurisdición de sendos tribunais de instancia preexistentes”, manifesta Pardo sobre a problemática xerada.

Neste sentido, o PPdeG faise eco do manifestado polos colexios profesionais de avogados e procuradores alertando de que a saturación de asuntos que xa se vive nos casos concretos de Vigo e A Coruña vaise ver agravada: “Trátase dunha decisión disparatada e dun timo, porque o que necesitamos é a creación de xulgados novos, non a transformación nin a sobrecarga de traballo das prazas xa existentes”.

Os parlamentarios galegos recordan así mesmo que o Goberno galego xa ten solicitado en reiteradas ocasións ao Ministerio de Xustiza que reconsidere a súa proposta “atendendo ao colapso que con toda probabilidade se producirá pola acumulación de asuntos en ambas cidades” e que, na mesma liña do que ten demandado o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, proceda á creación de seccións de violencia sobre a muller en Lugo, Pontevedra e Ferrol.

Os senadores do Partido Popular de Galicia queren saber se Pedro Sánchez cumprirá o compromiso adquirido no ano 2021 cando prometeu ampliar de 16 a 24 semanas os permisos de maternidade e paternidade e estender ata as 8 semanas as licenzas retribuídas para coidado de fillos e, con este obxecto, formulan unha pregunta na Cámara Alta, encabezada polos lucenses José Manuel Barreiro, José Manuel Balseiro e Juan Serrano.

Para os populares o Goberno de coalición entre PSOE e Sumar “suspende” á hora de adoptar iniciativas que favorezan a conciliación e a maternidade.

Desde o PPdeG lembran que a recente ampliación dos permisos parentais, que o Goberno presentou como un gran logro, en realidade é “outro fraude máis” de Sánchez, xa que logo a medida queda moi lonxe do prometido, “é marcadamente insuficiente” e foi obrigada polas multas que España paga por non aplicar a lexislación europea. Ata o momento, a sanción que debe aboar o noso país superaba os 10 millóns de euros, a razón de 9.000 euros ao día e, desde o pasado 2 de agosto, elévase a 43.000 euros diarios, pendente de revisión.

“O Executivo de esquerdas viuse obrigado a ampliar de 16 a 17 semanas o permiso de maternidade e paternidade, lonxe do que prometeran, que era chegar ata 24. E o mesmo ocorre co permiso de coidado do menor, co que agora aproba, das 8 semanas de permiso só retribuiranse 2, polo que as outras 6 seguirá pagándoas o traballador do seu soldo”, explican desde o PPdeG.

BLOQUEO Á LEI DE CONCILIACIÓN DO PP

Os senadores populares din que Sánchez tería que aprender de iniciativas de apoio á maternidade e á conciliación como as impulsadas pola Xunta de Galicia, no ámbito das súas competencias, por exemplo coa rede de casas niño ou coa gratuidade das escolas infantís, medidas nas que Galicia é pioneira.

No que respecta ás competencias estatais anima ao Goberno a votar a favor da Lei de conciliación que Alberto Núñez Feijóo rexistrou nas Cortes Xerais e que o Executivo mantén bloqueada, na que se inclúen multitude de medidas en apoio a todos aqueles que queren ser nais e pais e conciliar esta circunstancia coa súa actividade profesional e persoal.

Barreiro, Balseiro e Serrano poñen como exemplo o desprezo de Sánchez a necesidades como as que ten a provincia de Lugo, onde o reto demográfico representa todo un desafío para as familias e traballadores, especialmente no rural e polo tanto, potencialmente se converte nun dos territorios máis beneficiados de habilitarse os devanditos apoios.

Os senadores do Partido Popular de Lugo -José Manuel Barreiro, José Manuel Balseiro e Juan Serrano- acompañados da presidenta do PP de Vilalba, Sandra Vázquez, e outros representantes da agrupación local, visitaron hoxe a SAT Revolta, na parroquia vilalbesa de Noche, que conta seis socios e cinco traballadores, para dar conta dunha ofensiva que o PP desenvolverá desde a Cámara Alta en apoio da demanda da Xunta pola que pide o traspaso a Galicia das competencias sobre os permisos de traballo de estranxeiros.

Os populares lembran que moitas explotacións do rural están necesitadas de man de obra urxente, que non se ve satisfeita coa oferta laboral dispoñible, e respecto da que existen traballadores estranxeiros interesados, pero que non poden incorporarse pola lentitude e o colapso de moitos trámites que actualmente son responsabilidade da administración estatal.

A presidenta local tamén subliñou “a importancia do sector primario no municipio e na comarca da Terra Chá” e lembrou “a necesidade de man de obra para manter a actividade nas granxas, un dos principais motores económicos e un sector fundamental para asentar poboación no rural”. Polo tanto, considera necesario “axilizar os trámites para que as persoas que chegan doutras nacionalidades e que estean interesadas en traballar nas granxa poidan obter os permisos de traballo con celeridade”.

A iniciativa dos senadores lucenses pide, máis en concreto, ao Goberno de España autorizar o traspaso efectivo a favor da Comunidade Autónoma de Galicia das competencias e dos medios persoais e materiais necesarios para a tramitación e resolución das autorizacións iniciais de traballo por conta allea e propia, dos permisos para actividades laborais de tempada e das autorizacións vinculadas ás estadías de longa duración por razóns de estudo, mobilidade de alumnado, voluntariado ou formación, de persoas estranxeiras cuxa relación laboral desenvólvase en Galicia. Esta mesma demanda xa se solicitou formalmente por acordo do Goberno galego recentemente.

Desde o PP tamén lembran que non se trata dunha petición allea ao ámbito competencial autonómico. De feito, a demanda da Xunta conta co aval do Consello Consultivo de Galicia que, tras analizar as circunstancias deste requirimento, emitiu informe favorable respecto a a disposición de reclamar ao Goberno esta petición. Hai por tanto argumentos xurídicos sólidos e non fantasías de grupos separatistas, que son aos únicos que atende Sánchez, e que permitirían a Galicia avanzar no seu autogoberno, amparado no seu Estatuto de Autonomía e co respaldo do Tribunal Constitucional en diferentes sentenzas. “Buscamos ser útiles aos galegos, aos lucenses, e seremos máis útiles se estes permisos de traballo para estranxeiros se xestionan desde aquí”.

AO PSOE: “DIME DO QUE PRESUMES…”

Que Sánchez e o seu Goberno fagan oídos xordos ás necesidades do rural demostra con claridade o seu abandono a unha provincia como a de Lugo, onde o sector primario ten un peso especial e as súas necesidades non son atendidas desde Moncloa.

Con todo, o abandono aos lucenses demóstrase tamén noutros moitos aspectos, o que levan aos senadores populares a cuestionar a actitude triunfalista do PSOE que días atrás presumía do investimento do Goberno na provincia.

“Resumímolo moi ben tirando de refraneiro: Dime do que presumes e direiche de que careces”. Os senadores lembran que os socialistas “falan dun importante investimento en ferrocarril cando Sánchez condena a Lugo a ser a única provincia galega pola que non circularán trens AVE, AVRIL, AVLO ou deixan á capital sen conexión directa coa rede europea de mercadorías”. Tamén “presumen da nova estación intermodal, pero non explican que seguirán chegando os mesmos trens obsoletos que ata o de agora. E iso cando non recortan frecuencias ou servizos. Por non falar do desmantelamento do FEVE na Mariña, onde só hai investimento para o tramo asturiano. E os usuarios galegos e lucenses teñen que pagar por un servizo deficiente, mentres que en Asturias e Cantabria viaxan gratis”.

E se falamos doutras infraestruturas, máis do mesmo, só hai que ver a situación das autovías e das estradas de competencia estatal na provincia, para observar que “nestes sete anos non se avanzou nada, non hai ningunha nova autovía ou proxecto operativo: “Nin a Lugo-Ourense, nin a autovía da Mariña, nin a Ponferrada-Ourense e a Lugo-Santiago continúa en estar concluída”. E nas estradas nacionais “non realizan nin as obras de conservación e mantemento mínimo”.

Polo tanto, os populares consideran “incrible” que “o PSOE presuma do abandono de Sánchez a Lugo”.

El PPdeG ha preguntado en el Senado al Gobierno central “cuándo piensa cumplir” con la financiación del 50% del sistema de dependencia para la autonomía personal y atención a la dependencia en todas las comunidades autónomas, entre ellas Galicia.

Los populares gallegos han registrado la cuestión por escrito en la Cámara Alta, donde Pepa Pardo ha lamentado que “esta financiación del 50% sea asumida por Sánchez única y exclusivamente cuando necesita votos, generando una dependencia de primera y de segunda”: “Financia al 50% la dependencia en el País Vasco porque necesita sus votos, pero castiga al resto de comunidades autónomas, también a Galicia”, señala la senadora pontevedresa.

Pardo explica que la financiación actual del Gobierno central al sistema gallego “va a menos” y ahora se sitúa en el 34,9 %, “muy alejada del 50 % que por ley le corresponde”. Además, el Ejecutivo tiene una deuda acumulada con Galicia en materia de dependencia de 2.500 millones de euros.

“Ya está bien de tratos desigualitarios a las comunidades en función de si las necesita o no para mantenerse en el poder. Ya está bien de generar dependencias de primera y de segunda”, reitera.

Asimismo, los populares gallegos critican la “falta de criterio y palabra” del BNG en este tema, como en tantos otros en los que “siguen amparando a un partido corrupto como el PSOE”.

Cabe recordar que, en 2020, la formación independentista firmó el primer acuerdo de investidura con el PSOE en el que recogía el compromiso del Gobierno central con la citada aportación del 50% a la dependencia. Y, pese al incumplimiento, en 2023 se repitió el apoyo.

Por ello, el PPdeG acusa al BNG de “hipócrita” por haber mostrado interés sobre este tema en las últimas semanas, cuando durante estos años “nunca mostraron ni el más mínimo interés”.

“Lo único que ha quedado claro estos años es la teatralización tanto del BNG como del PSOE gallego, que intentan justificar el injustificable: su apoyo incondicional al Gobierno central pese a los casos de corrupción que inundan a Sánchez y su entorno”, concluyen los populares gallegos.

O PP lucense lamenta que “Monforte estea no centro da corrupción do PSOE” porque aparece nos informes da UCO en relación a presuntas mordidas e comisións en contratos da liña entre Monforte e Lugo. “Lamentamos que Monforte e a provincia de Lugo estean vinculados a eses casos próximos a Pedro Sánchez”.

Así se expresaban en rolda de prensa dende Monforte, a “zona cero da corrupción do PSOE en Galicia”, o deputado monfortino no Congreso dos Deputados, Francisco Conde, e a deputada autonómica e portavoz municipal, Katy Varela, en rolda de prensa acompañados por representantes do PP no Congreso, no Parlamento de Galicia e no Concello.

Conde trasladou o seu rexeitamento a “este tipo de actuacións vinculadas coa corrupción” e pide ao Goberno de Sánchez e ao PSOE “máxima transparencia e toda a información para que que se coñeza a verdade”. Nese sentido, os deputados no Congreso teñen solicitado acceso aos expedientes das obras que figuran no informe da UCO: os relacionados co tratamento de elementos da infraestrutura (pontes, túneles e explanacións) entre os p.k. 379+750 e 386+474 e coas obras de emerxencia de desprendementos nos taludes entre os p.k. 380+895 e 381+145 do tramo Monforte – Lugo da liña 800 adxudicados por máis de 6M€ e máis de 1,4M€, respectivamente.

O deputado popular esixe que “tanto o PSOE en Madrid e na provincia dean explicacións e asuman as responsabilidades políticas” vinculadas a feitos que “nada teñen que ver coa xestión dos fondos públicos”.

Pola súa banda, Katy Varela incidiu na “preocupación” polos informes da UCO nos que aparece o nome de Monforte e que derivaron na prisión preventiva de Santos Cerdán, “unha persoa próxima a Tomé”. Así mesmo, lembra que “no último pleno municipal, o alcalde recoñeceu a existencia de tres malfeitores, pero non poden dicir que non afecta ao PSOE porque no caso de Santos Cerdán era o último número 2 de Pedro Sánchez”.

Varela afea que Tomé “se aliñe” con Pedro Sánchez e “non condene máis a súa actitude” ante unha situación “alarmante” que rodea a persoas próximas ao presidente do Goberno. Así, manifestou a súa preocupación ante “as amizades perigosas de Tomé” que “segue defendendo a Isabel Pardo de Vera e incluso a nomeou pregoeira das festas de Monforte “a pesar de deixar a liña Ourense-Lugo sen os investimentos comprometidos polo Goberno de Rajoy”.

A portavoz municipal do PP asegurou que “estaremos vixiantes para que Monforte non saia salpicado”.

FALTA DE COMPROMISO COS SERVIZOS FERROVIARIOS DA PROVINCIA

Francisco Conde sinalou que “a única certeza que temos dende o punto de vista dos investimentos do Goberno de Sánchez na liña entre Ourense e Lugo é que o AVE non vai chegar á provincia de Lugo porque non permiten a construción das variantes” de Os Peares-Canabal e Rubián que si permitirían que os trens alcanzasen a alta velocidade na provincia.

O deputado popular lembrou “os incumprimentos e mentiras que se trasladan aos usuarios” porque din que todos os servizos ferroviarios se ían a repoñer e se faría o traxecto dende Ourense en tren, pero a día de hoxe ten que volver a empregarse o bus”. Tamén lembrou “a redución de frecuencias e os cambios de horario que prexudican a conectividade da provincia con Madrid”.

Outros agravios en materia de infraestruturas ferroviarias son a dilatación no tempo das obras de electrificación da liña Ourense – Monforte – Lugo e que supoñen o illamento do núcleo de Santo Estevo do Sil (Pantón) sen que o Goberno de Sánchez teña rectificado.

Os deputados do PPdeG no Congreso piden explicacións ao Goberno central ao respecto do milleiro de bidóns con material radioactivo que, tal e como se puido coñecer nos últimos días, unha expedición científica francesa vén de localizar en augas profundas fronte á costa galega.

Fano a través dunha serie de preguntas dirixidas aos ministerios de Ciencia, Asuntos Exteriores e Transición Ecolóxica nas que argumentan que resulta imprescindible coñecer que información oficial posúe o Goberno de España sobre este achado “dado que se trata dun asunto de enorme sensibilidade para a poboación e de posible afectación directa á calidade ambiental do medio mariño, a seguridade alimentaria (pola súa relación coa actividade pesqueira) e a saúde pública”.

Os parlamentarios populares pregúntanse se o Consello de Seguridade Nuclear, en calidade de organismo estatal responsable da seguridade radiolóxica e a protección fronte ás radiacións ionizantes, foi consultado sobre este asunto. Así mesmo, consideran necesario coñecer se o Goberno ten solicitado datos técnicos adicionais, coordinado coas autoridades francesas, ou activado algún protocolo de seguimento, verificación ou prevención ante este posible vertido histórico.

“Necesitamos saber que coñecemento e grao de implicación tiña o Goberno desta investigación francesa, que repercusións pode ter e que medidas se teñen adoptado para facer un control sobre os resultados que se obteñan da mesma”, explica a deputada Rosa Quintana agardando “unha resposta rápida, contundente e precisa que tranquilice a toda a poboación galega”.

Como portavoz tamén de Pesca do Grupo Popular no Congreso, a parlamentaria galega pon de manifesto así mesmo a súa “sorpresa” logo de coñecer estes feitos a través dos medios de comunicación: “Gustaríanos ter coñecido esta noticia canto menos impactante a través do Goberno de España e non por unhas entrevistas feitas a uns investigadores franceses sobre o que está sucedendo en augas españolas”.

La portavoz del GPP en el Congreso, Ana Vázquez, explica que esta iniciativa del GPP para proceder a la compensación a los ayuntamientos en donde se ubican los centros penitenciarios dependientes del Ministerio del Interior, “no surge los diputados nacionales gallegos, sino de los alcaldes de Curtis, Outeiro de Rei, A Lama, Monterroso y O Pereiro de Aguiar, que representan a 63 alcaldes”.

Denuncia que los ayuntamientos que no pueden recaudar el IBI de los centros penitenciarios están obligados, sin compensación alguna, a suministrarles servicios esenciales como el agua potable o la recogida de basuras, así como a mantener en buen estado la red viaria que conduce a estos centros o a los juzgados de paz. Además, aclara que la población reclusa no figura en el padrón municipal, por lo que no computa a efectos de financiación, pese al evidente impacto económico que supone para los consistorios.

“Cuando Cataluña asumió la competencia de prisiones en 2015, el Gobierno aprobó el Real Decreto 31/2015, que estableció dos tipos de compensación para los ayuntamientos con centros penitenciarios”, explica. “Por un lado, no se les eximió del cobro del IBI, que siguen recibiendo con normalidad, y, por otro, se les reconoció una compensación adicional por cada recluso, en reconocimiento al coste añadido que asumen estos municipios”, señala.

En Galicia, con mucho esfuerzo por parte de los ciudadanos gallegos, la Xunta de Galicia empezó también ya a compensar a estos ayuntamientos por un centro penitenciario que no es competencia autonómica, pero que ve que, efectivamente, estos municipios están prestando una serie de servicios de carácter gratuito para una población ingente y que necesitan recursos.

Recuerda que, el Real Decreto Legislativo 2004 recoge la Ley Reguladora de Haciendas Locales y establece el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), sin embargo, “no todos los inmuebles están sujetos a dicho tributo, ya que hay excepciones”.

Entre ellos están los que son propiedad del Estado, de las CCAA, EELL y los directamente afectados a la defensa nacional, seguridad ciudadana y los servicios educativos y “ahí se encuentran los centros penitenciarios”. “Esto supone una merma importante en las arcas de los municipios porque, además, todos estos centros están situados en el ámbito rural”, agrega.

Por ello, piden medidas complementarias y compensatorias por parte del Estado, que así lo contempla en los PGE, para que la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local pueda dictar resoluciones y favorecer estos procedimientos de compensación a solicitud de los interesados.