Hoy, en la sesión de control al Gobierno en el Senado
El vicesecretario de Organización del PP y senador por designación autonómica pregunta a la vicepresidenta Tercera “si el Gobierno va a terminar de una vez con sus contradicciones” en la aplicación de esta normativa
Define a Ribera como la “titular del Ministerio de la intransigencia ecológica” y lamenta que al Gobierno “le preocupan muy poco los puestos de trabajo” y el futuro de las empresas ubicadas en dominio marítimo terrestre, como son las conserveras y las empresas frigoríficas “que ven con temor que el Gobierno las quiere abocar al cierre”.
Recuerda a Ribera que una de las principales labores de un gobierno es generar las condiciones económicas, sociales y jurídicas para el desarrollo de la actividad empresarial y el mantenimiento de los puestos de trabajo. “El Gobierno está haciendo justo lo contrario: generar incertidumbre y desconfianza”, censura
Denuncia que el Gobierno ha emitido un informe que invade competencias autonómicas e interpreta restrictivamente la normativa sobre zonas portuarias, al tiempo que advierte que “5.000 edificaciones en la costa gallega corren riesgo de poder continuar funcionando por la temeridad del Ejecutivo”
Critica que la directora general de la Costa y el Mar se haya desdicho de ese informe. “Conocíamos las profundas discrepancias que se dan entre las dos mitades del También las habituales contradicciones de los ministros socialistas, pero que un alto cargo del Gobierno contradiga un informe que ha firmado, es algo nuevo”, lamenta
Señala que el Gobierno ya intentó aprobar un real decreto en 2019 en el ámbito de normativa de costas, que no tenía en cuenta la viabilidad de las empresas y generaba una gran inseguridad jurídica, y después “colaron por la puerta de atrás” en la Ley de Cambio Climático cambios que contradicen la Ley de Costas, sobre los que pesa un recurso de inconstitucionalidad
Reprocha a la vicepresidenta Ribera que ordenara cerrar la central térmica de As Pontes, de la que vivían muchos trabajadores, pese a que cumplía toda la normativa comunitaria de control de emisiones y podía haber seguido funcionando hasta el año 2040
